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Semillas certificadas, golpe bajo para la soberanía alimentaria

Por: Johanna del Pilar Blandón Rodríguez*

 

   

 
 

 

Johanna Blandon

El gobierno colombiano en su afán por crecer económicamente y hacerse notorio en el mercado internacional, ha gestionado y firmado tratados de libre comercio que si bien buscan minimizar las barreras arancelarias para exportar, han traído consigo múltiples limitaciones y desventajas para los pequeños productores de nuestro país.

 Es el caso de las semillas certificadas y la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que surgió en medio de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, en dicha resolución se establece una serie de requisitos respecto a semillas para siembra en Colombia, las cuales deben ser certificadas por esta entidad, de lo contrario, usar semillas no certificadas por el ICA será considerado como un acto ilegal o “piratería” (1). 

Las semillas que utilizan los pequeños productores son aquellas que se recogen de una producción anterior y se utilizan para la siguiente siembra, las cuales no han pasado por ningún proceso de manipulación genética; las semillas certificadas, por el contrario, son aquellas que han sido sometidas a tecnologías para realizar cambios genéticos y así mejorar sus características organolépticas, nutricionales, rendimiento y su resistencia frente a plagas y enfermedades, razón por la cual son costosas. Estas semillas son patentadas por las industrias que las modifican, de manera que quien vaya a usarlas, debe comprarlas para que sea un acto legal, además, solo pueden ser utilizadas una vez pues estas semillas solo dan una cosecha debido a la tecnología con la que fueron transformadas. (1).

Para muchos países, la idea de progreso y desarrollo se basa en la implementación de nuevas tecnologías, las cuales solo están a la mano de las grandes empresas que cuentan con el capital necesario, lo que coloca en desventaja competitiva a los pequeños productores, pues sus recursos son insuficientes debido a la desigualdad económica y social. En Colombia se evidencia la falta de políticas que realmente beneficien a los pequeños agricultores, quienes realizan su trabajo con limitaciones pues carecen del dinero suficiente para acceder a la maquinaria para recoger sus cosechas y comprar los insumos necesarios para fertilizar la tierra y proteger sus cultivos de plagas y enfermedades, por lo que deben recurrir a técnicas tradicionales que a veces no resultan ser tan efectivas como se necesitan (2).

Algunos documentales muestran cómo los campesinos han manifestado que este tipo de semillas certificadas dan cosechas en igual o menor cantidad que las semillas nativas y que además son sumamente costosas. Los campesinos defienden las semillas nativas porque estimula la agroecología, no son agresivos con el medio ambiente y, además, generan empleo a las personas que no tienen los recursos para dotarse de tecnología e insumos (3).

Está claro que el cambio climático y la sobrepoblación acentúan la escasez de alimentos y la inseguridad alimentaria de las poblaciones (4), pero es allí donde el gobierno debe crear políticas públicas en las cuales los campesinos participen en su formulación, para que estas realmente los beneficien a través de programas que brinden subsidios, dotación de insumos, fácil acceso a créditos sin generar intereses, el acceso a la tecnología e insumos necesarios para poder ser competitivos tanto en el mercado nacional como en el internacional, y así generar más empleo y mejorar la economía, de manera que puedan potenciar sus producciones para así aumentar la disponibilidad de alimentos en el país. 

Para los campesinos de nuestro país se requiere más equidad, más beneficios, más inclusión, más políticas y proyectos para garantizar la soberanía alimentaria; de manera que se pueda cultivar sin restricción alguna; sin embargo, al seguir vigente la Resolución 970, se hace indispensable reorganizar esta política, pues es exagerado tomar medidas legales contra estos productores que son personas humildes y trabajadoras que solo buscan subsistir. 

Entonces, respecto al sector agrícola colombiano y los pequeños productores, ¿Cuál debe ser el significado de desarrollo y progreso según el gobierno de nuestro país?, ¿Será que estas nuevas estrategias del Estado benefician a toda la población colombiana?

*Estudiante de noveno semestre del pregrado de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Seccional Urabá - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 Referencias bibliográficas

1. Colombia. Instituto Colombiano Agropecuario. Resolución 970 de 2010, por medio del cual se establecen los requisitos para la producción, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones. Bogotá: ICA, 2010.

2. Altieri, M; Nicholls, Cl. Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. [Internet]. [Consultado 2016- 11- 6]. Disponible en: http://revistas.um.es/agroecologia/article/view/182861

3. Solano, V. Documental 970. [Video]. Colombia: 2010.

4. Campana, F; Larrea, F. Seguridad alimentaria: La utopía en el mundo de la abundancia. Revista Ecuador Debate. 44. Ecuador, 1998.